La Comunidad de Sant’Egidio, la World Coalition against the Death Penalty y la Life Wire Foundation, con una declaración conjunta han invitado a los gobernantes de Nigeria a incluir al país en un movimiento global que está creciendo, especialmente en África, para abolir en la práctica y por ley la pena de muerte. Las organizaciones calculan que actualmente hay 2000 personas en el corredor de la muerte de Nigeria.
Tras haber ido a visitar varias cárceles nigerianas, las organizaciones se reunieron a finales de agosto en la capital, Abuja, junto a representantes de otros organismos, como el Colegio Nigeriano de Abogados, para debatir sobre la reforma del sistema penitenciario y sobre la abolición de la pena capital. La declaración conjunta firmada al finalizar el encuentro se puede consultar en el siguiente enlace (Documento).
Durante el encuentro hablaron de la reciente ley de reforma del sistema penitenciario, por la que con el cambio de la denominación de "Nigerian Prison Service" a "Nigerian Correctional Service", se pone el acento en la reinserción del condenado a la sociedad, más que en el carácter aflictivo de la pena.
Visitando las cárceles se ve claramente el problema de la superpoblación, a causa del elevado número de personas que esperan juicio (más del 75%) o condena.
En la declaración se pide continuar el proceso de reforma para seguir en la dirección en la que va el cambio de denominación, para evitar reclusiones de duración indefinida en espera de juicio. Se ha creado una comisión de apoyo a este proceso.
Los participantes en el encuentro de Abuja han encontrado como premisa común compartida unánimemente la abolición de la pena de muerte. A finales de 2018 más de 2000 personas estaban condenadas a muerte y esperaban el día de su ejecución en cárceles nigerianas. 46 habían sido condenadas en 2018. En la última década "solo" ha habido siete ejecuciones. Una reciente enmienda de las leyes permite conmutar la pena capital por una pena de detención tras una reclusión de diez años. Gracias a esta modificación, una moratoria "de facto", no explícita, ha reducido enormemente el número de ejecuciones.
Los firmantes de la declaración ofrecen su cooperación para garantizar la implementación de la reforma y para trabajar juntos con el objeto de llegar a una plena moratoria y a la abolición de la pena capital.
