Como toda la región del Sahel, desde hace unos años Burkina Faso vive una situación de gran inseguridad y es víctima de frecuentes ataques terroristas yihadistas. La ofensiva terrorista, que empezó en 2016, en un primer momento se cebó en lugares simbólicos de la presencia occidental, como cafés, restaurantes y hoteles de la capital, pero posteriormente centró sus acciones en minar la presencia del Estado en el territorio, y atacó escuelas, comisarías de policía y otros símbolos del Estado y sus instituciones. En 2022 el país sufrió dos golpes de Estado militares que hicieron aún más inestable la situación política. El Gobierno, incapaz de mantener el orden, ha armado a la población civil, pero con esta medida ha fomentado el componente étnico de los enfrentamientos y la violencia privada sobre todo en las regiones fronterizas del norte y el este, donde prolifera el tráfico de personas y de bienes.
En los últimos meses la situación se está deteriorando aún más. Fuera de la capital no hay ningún territorio que se pueda considerar seguro, ni siquiera la gran arteria de tránsito que une las dos principales ciudades, Uagadugú y Bobo Dioulasso, donde ha habido ataques también contra ONG que llevaban ayuda humanitaria.
La población, aterrorizada, ha huido en búsqueda de lugares más protegidos. Casi dos millones de burkineses –una décima parte de la población– han abandonado sus casas. Los niños sufren especialmente esta situación: la mitad de los desplazados son menores y muchas escuelas, más de cinco mil, han tenido que cerrar sus puertas a causa de la inseguridad, dejando así a un millón de escolares fuera de las aulas.
En esta situación de disgregación del Estado, a pesar de la violencia y de la inseguridad en aumento, el trabajo del programa Bravo! para inscribir en el registro civil a la población prosigue en medio de mil problemas. Unas 200 oficinas no han interrumpido su trabajo. Algunas han tenido que trasladarse a zonas más seguras. El programa está acompañando a las comunidades que se desplazan hacia áreas menos peligrosas (como la zona centrooeste) impulsando acciones para garantizar la seguridad y la continuidad del servicio de inscripción sobre todo para las mujeres que quieren inscribir el nacimiento de sus hijos.
Sin duda es difícil mantener operativos los centros de registro civil. En algunos casos los agentes de Bravo! se han visto obligados a abandonar sus puestos y a desplazarse a centros más seguros. Pero en su huida han salvado los libros de registro y han intentado recrear en los lugares a los que van las oficinas de registro civil para los refugiados provenientes de su zona. Es una forma de resistencia a la violencia y un freno a la disolución del Estado, que se erige sobre la conciencia que el programa Bravo! ha hecho surgir en muchos operadores y en la población a lo largo de estos años de trabajo y de presencia capilar en el país.
