La Comunidad de Sant'Egidio junto con algunas organizaciones que se están a diario al lado de las personas que viven en la calle (la Fundación Sant Joan de Déu, la Fundación Arrels, Càrites Catalunya y la Fundación Assís) han propuesto una ley para regular las acciones y los servicios que las administraciones públicas deberían llevar a cabo para garantizar los derechos de las personas sin hogar. La ley, aprobada por todos los partidos, se presenta hoy en el parlamento catalán.
La propuesta de ley prevé medidas transitorias y urgentes para abordar y erradicar el fenómeno de los sintecho, y tiene como objetivo llenar un vacío legal: la falta de atención de las instituciones a la vida y los derechos de quienes son «invisibles».
Es el marco general, pero al mismo tiempo muestra soluciones concretas, para hacer frente a la situación de quienes viven en la calle. La ley ha sido posible gracias a una sinergia entre la sociedad civil, las instituciones y el mundo académico.
El resultado es un cuerpo normativo riguroso y completo, que consta de 49 artículos y 21 disposiciones entre adicionales y finales, valorados y elogiados por los expertos. Es una ley pionera en el contexto legislativo europeo y puede constituir una nueva base para la vertebración del estado de bienestar.
A través del derecho, se quiere garantizar la dignidad y la humanidad de las personas sin hogar.
La ley introduce el concepto de «espacio residencial digno» como un denominador mínimo común para garantizar a todos los ciudadanos unas prestaciones que garanticen un «techo» y una vida digna y sostenible. Sin ser una ley de vivienda, pone los instrumentos que deben hacer posibles los medios para llegar a un hogar.
Al mismo tiempo, la ley vela por algunas necesidades básicas de las personas que viven en la calle, que pasan la noche en recursos nocturnos o viven en instalaciones específicas para personas sin hogar, garantiza el acceso al sistema público de servicios sociales y a la atención sanitaria, y promueve el ejercicio del derecho a las prestaciones sociales. Asegura el empadronamiento y otros servicios menores pero fundamentales, como tener un título de transporte y utilizar los servicios de consigna, lavandería y ducha. También se prevé, entre otras cosas, garantizar el derecho a los servicios funerarios, el derecho al espacio público y se prohíbe explícitamente que las ordenanzas se tipifiquen como infracción administrativa de la práctica de la mendicidad.
En resumen, la ley recoge los derechos de las personas sin hogar y pone los instrumentos destinados a mitigar las dificultades de estas personas. Si se aprueba, en 5 años calculamos que llegaría a 18,000 personas. Es una ley necesaria y decisiva para las personas sin hogar, pero también para todos. Es un indicador de una sociedad que se quiere replantear a sí misma desde los últimos, porque quiere cuidar de todos.
