"Nadie tiene el derecho de privar arbitrariamente a una persona de su vida. La pena de muerte está prohibida." Así reza el artículo 15, punto 2 de la nueva Constitución de Kazajistán, aprobada mediante referéndum nacional ayer, 5 de junio de 2022. En el país de Asia central, pues, la pena de muerte queda abolida al más alto nivel.
La Comunidad de Sant’Egidio, que lleva 20 años compartiendo con el gobierno kazajo el camino para eliminar del ordenamiento jurídico la pena capital, expresa su satisfacción y felicita al presidente de la República Kassym Jomart Tokaev por esta afirmación radical del derecho a la vida. Es una decisión histórica que ha sido posible gracias a la eficaz colaboración entre Sant'Egidio y la República de Kazajistán, en la que la añorada jurista Tamara Ivanova Chikunova, presidenta de la Asociación que ella misma fundó ("Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura"), siempre estuvo en primera línea con su incansable trabajo de sensibilización durante el largo proceso abolicionista. Desde el 18 de diciembre de 2003, cuando un joven al que ella defendía se salvó gracias a una primera moratoria adoptada en el país, hasta el 24 de septiembre de 2020, fecha de ratificación de la adhesión al II Protocolo al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, para llegar el 29 de diciembre del mismo año a la ratificación de la abolición de la pena de muerte por parte del Parlamento.
En el frente de la diplomacia informal, el mismo presidente Tokaev participó en 2007 –por aquel entonces como presidente del Senado– en el encuentro de oración por la paz organizado por Sant'Egidio en Nápoles. El diálogo continuó en los encuentros anuales de ministros de Justicia de varios países africanos y asiáticos, encuentros impulsados por la Comunidad en Roma.
