En el año más difícil desde que terminó la II Guerra Mundial, la gran mayoría de países del mundo se ha posicionado contra la pena de muerte. El voto de ayer en la Asamblea General de la ONU confirma, para los abolicionistas, una tendencia en aumento por octava vez desde 2007, con 123 votos a favor de la moratoria universal (2 más respecto de la última votación), 38 en contra y 24 abstenciones. No se podía dar por seguro, en el año de la pandemia, caracterizado por una gran generosidad pero también por un fuerte repliegue, y también por la reanudación de las ejecuciones federales impulsada por la administración norteamericana tras las elecciones, tras 17 años de moratoria, y la confirmación de seis ejecuciones antes del paso del testigo al presidente electo Biden, que promete un cambio importante.
La Comunidad de Sant’Egidio, que en estos meses ha hablado con varios países para llegar a un resultado positivo, se alegra por la decisión de gran parte de África y de todos los Estados que han hecho posible este nuevo avance. Es el fruto de un trabajo multilateral paciente a varios niveles que está acompañando un cambio histórico. No hay más que pensar que se ha pasado de una oposición a la pena de muerte de apenas 16 países en los años 70 a los actuales 142 que ya no la utilizan, por ley o de facto, y en el resultado de ayer en la ONU.
La Comunidad de Sant’Egidio se felicita especialmente con África, que impulsa el cambio, con un valioso trabajo en sinergia, entre otros, con Burkina Faso, la República Centroafricana, la República del Congo y Guinea Conakry, y observa con satisfacción el cambio de voto de Zimbabue y Sudán del Sur, que pasan de voto contrario a abstención, gracias a los contactos directos. En Asia, las consecuencias de las acciones de sensibilización con Corea del Sur, Malasia y Filipinas han contribuido, junto a otros factores, al voto favorable a la moratoria. En los países de contexto multi-religioso, como Indonesia, ha sido importante el planteamiento de Sant'Egidio a través del diálogo y una especial atención a las distintas comunidades religiosas.