¿Por qué la Comunidad de Sant'Egidio reúne cada año, desde hace 9 años, a los ministros de países de todos los continentes para debatir sobre las perspectivas de abolición de la pena de muerte? No se trata de un ejercicio académico, o de un acto de celebración. Al contrario, se trata de un espacio en el que, en el espíritu de diálogo que caracteriza las iniciativas de la Comunidad, se examinan los caminos posibles y realistas para una gestión más humana de la justicia.
Con el paso de los años se ha hecho un largo camino, y son muchos los objetivos alcanzados por los Congresos internacionales de ministros de Justicia organizados por la Comunidad de Sant’Egidio. Por orden de tiempo, el último país que ha abolido la pena de muerte ha sido Mongolia, el pasado 4 de diciembre, gracias, entre otros, a este paciente trabajo.
El 22 y 23 de febrero el Secretario de Estado de Justicia de Mongolia estará en Roma junto a más de treinta entre ministros y representantes de países africanos, asiáticos, latinoamericanos y europeos. Algunos de ellos (El Salvador, Ruanda, Timor Oriental, Togo) ya abolieron la pena de muerte hace tiempo; otros (República Centroafricana, Mali, Sierra Leone, Sri Lanka) han suspendido las ejecuciones y se han sumado a la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la moratoria; otros, como Vietnam y Somalia, mantienen la pena de muerte.
En un tiempo de guerra difusa, como el nuestro, invocar soluciones simplificadas y buscar chivos expiatorios, en nombre de la seguridad, puede parecer algo natural y puede granjear éxitos. El terrorismo eleva el nivel de violencia y lleva a la opinión pública a posicionarse a favor o en contra. E ir en contra equivale a suprimir, incluso físicamente, a quien es violento. Las imágenes de ejecuciones bárbaras, como en el vídeo del Estado Islámico, difunden en la sociedad una cultura de la muerte. Es el desafío del terrorismo global: hacer propaganda del miedo.
Pero la violencia hace el juego al miedo. Y la pena de muerte, expresión de una cultura violenta, no ayuda a combatir el crimen. La pena capital –lo demuestran muchos estudios y estadísticas– no es una medida disuasoria, no disminuye los crímenes cometidos, no garantiza más seguridad y solo añade más violencia y más muerte. Y sobre todo, cuando un Estado mata en nombre de la ley, rebaja el nivel de su sistema legislativo al nivel de quien mata. Por eso hay que renovar el compromiso de defensa de la vida y promover la lucha por la abolición de la pena de muerte.
El congreso de roma será una ocasión importante para dar apoyo y herramientas jurídicas a aquellos Estados que estén iniciando el camino hacia la abolición o la suspensión de la pena de muerte. Reafirmar la sacralidad de la vida y difundir una cultura de la paz puede quitarle terreno al miedo, que en este tiempo difícil corre el peligro de dominar las decisiones de muchos.
El evento se retransmitirá en streaming por www.santegidio.org y por el canal YouTube santegidio